Por Julio Contardo, Fiscal Regional del Maule
La Fiscalía del Maule ha dado los primeros y más importantes pasos para conformar lo que estimamos es la Fiscalía Modelo para nuestro país, con un importante giro hacia un servicio de calidad en materia de Justicia Penal. De esa forma fue planteado el desafío al Fiscal Nacional, quien, atendidas las bases de un proyecto innovador y autocrítico, ha dado su anuencia para el desarrollo de esta nueva Fiscalía.
A más de 20 años del establecimiento del sistema de justicia penal que nos rige, y considerando los bajos niveles de confianza que tiene en la sociedad chilena, se hace urgente hacer un replanteamiento que apunte a la base del proceso, y, como parte de aquello, es necesario definir qué Fiscalía queremos para Chile en el futuro.
Sin duda, esto aparece coincidente con los movimientos sociales y culturales que demandan cambios profundos en toda la institucionalidad, pero los Fiscales y funcionarios de Maule venimos trabajando en aquello hace más de tres años, elaborando un plan de trabajo continuo y permanente, que pretende abarcar todas las áreas de desarrollo institucional.
La primera gran área de desarrollo es la persecución penal, que corresponde a la función esencial que está llamada a cumplir la Fiscalía. El problema que se nos plantea es cómo enfrentar la promesa constante del combate a la delincuencia por la vía del castigo, sin que se aporten los recursos para ello. No resulta razonable que, por ejemplo, en nuestra región para la investigación de aproximadamente 65 mil delitos anuales, sólo se cuente con 41 Fiscales.
La oferta de persecución por parte del Estado ha sido tan amplia, que debemos satisfacer desde los delitos menores hasta aquellos de la máxima gravedad o complejidad, y cuya incongruencia es posible vivenciarla en la práctic,a en un día de audiencias de cualquier tribunal, en que transitamos de solicitar la imposición de una multa por un hurto menor a formalizar -solo en minutos después- a una banda de narcotráfico, a un parricida o a autores de complejos delitos tributarios. Estas son las incoherencias que el Estado debe definir, esto es, si ampliar la capacidad operativa de la Fiscalía a estos delitos menores o avanzar hacia una justicia vecinal que dé efectiva solución a las faltas e ilícitos de baja penalidad, aprovechando –por ejemplo- la capacidad y cobertura de los Juzgados de Policía Local, presentes en todos los municipios del país, o mediante la creación de Tribunales especiales, al efecto.
En esta materia, sin perjuicio de las grandes definiciones que -como señalo- se hacen imprescindibles, no nos hemos quedado inertes, sino que hemos impulsado diversas líneas de acción que potencian nuestra capacidad operativa y de resolución de casos. En este contexto, hemos celebrado un Convenio para la generación de un modelo piloto de investigación preferente con la PDI y que, dado sus buenos resultados, hoy se está replicando en las regiones de Coquimbo, Araucanía y Aysén, en el que junto con abordar temas estratégicos de persecución, de priorización de delitos y potenciamiento de unidades especializadas, nos hacemos cargo en forma inédita de la calidad de la investigación penal y de mejorar el servicio a la comunidad.
Es así, como junto con el control del número de causas asignadas a los Fiscales de la Región, unido al fortalecimiento de las investigaciones de la Unidad Regional de Análisis Criminal, dependiente de la Fiscalía Regional, hemos definido priorizar la investigación de los delitos de mayor gravedad, la desarticulación de bandas criminales, la persecución dirigida a los delincuentes prolíficos o reincidentes, todas áreas que son fuentes principales de la sensación de inseguridad que agobia a nuestra comunidad y causantes de un alto número de causas que concentran nuestra atención.
La adecuación de los procesos internos han sido sustanciales, mediante un rediseño absolutamente innovador en la forma de cómo abordar la gran cantidad de causas con los escasos recursos disponibles, para lo cual hemos creado equipos con competencia regional que permitan generar una economía de escala para favorecer la gestión de un mayor volumen de casos. Probablemente la creación de la primera Fiscalía de Flagrancia en Regiones ha sido uno de los impulsos más importantes, en cuanto ha permitido liberar a la gran mayoría de los fiscales de la región de la atención telefónica diaria del turno, que los acompañó por más de 20 años, y que produjo un cansancio que naturalmente se ve reflejado en sus capacidades operativas, ya que sin descansos adecuados, debían compatibilizar con múltiples labores como la asistencia a audiencias, realización de juicios orales, atención de usuarios, relación permanente con policías, disposición de diligencias, estudio de casos , entre tantas otras.
Para concretar gran parte de estos desafíos, la región debió alzarse como la primera del país en tener todos sus procesos digitalizados, lo que fue una decisión que, con grandes sacrificios, nos permite estar a la vanguardia del desarrollo informático de la institución, proveyendo de celeridad y oportunidad en nuestra función pública y que redunda en una mejor respuesta al usuario.
Precisamente esto es lo que impulsa nuestro compromiso y todas estas iniciativas, proporcionar una adecuada, eficiente, digna y oportuna atención de las personas que recurren a nuestras oficinas en demanda de justicia.
Sin duda, pese al esfuerzo de nuestros profesionales, estamos en deuda en cómo hemos desarrollado esta función. Los tiempos de comunicación, la calidad de respuesta, la orientación y apoyo, la protección que brindamos a todos los usuarios, particularmente a víctimas y testigos, ha generado una natural distancia entre la comunidad y el Ministerio Público. Muchas razones podemos esgrimir para encontrar la adecuada justificación, pero lo que necesitamos son respuestas y acciones, ya que no se vislumbra en el futuro próximo una mayor dotación para abordar esta inmensa carga que nos impone el modelo.
Nuevamente aparece como una imperiosa necesidad la priorización de los casos, para poder destinar nuestros esfuerzos a todo aquello que representa mayor urgencia o gravedad, lo cual debe ser parte de las definiciones que como país debemos adoptar en orden al tipo de justicia penal que queremos. Por lo menos regionalmente hemos diseñado modelos de atención inmediata a las víctimas y testigos de los hechos más graves y que provocan mayor afectación, privilegiando la oportunidad, el acompañamiento y la asignación de recursos para lograr una atención integral, liderando el apoyo de la red estatal en la materia. Asimismo, una de las áreas de nuestro rediseño está destinada a generar unidades de contactabilidad que provean de canales directos de comunicación más oportuna con los usuarios desde los inicios de la investigación y no en las postrimerías como ocurre actualmente. A lo anterior, se suma la necesidad de estar más cerca de la gente y para ello hemos impulsado una iniciativa que a corto plazo nos permitirá llevar nuestro servicio a aquellas comunas donde no contamos con fiscalía locales.
Son muchas las áreas de desarrollo que contempla nuestro plan de trabajo regional, algunas de las cuales he querido exponer en esta columna, y que postula la formación de una distinta forma de ejercer la persecución penal, cuyo fundamento es el sentido interés de quienes nos desempeñamos en el Ministerio Publico de mejorar sustancialmente el servicio que prestamos a la comunidad. Si bien es cierto, se requieren cambios estructurales en el sistema, no queremos permanecer inactivos en el Maule sin desafiarnos a gestar lo que queremos sea la Fiscalía Modelo de Chile.
