Desde la agrupación Anfumip emitieron un comunicado a principios de noviembre, cuando la abogada fue ratificada en la quina que sería entregada por la Corte Suprema. Ahora, tras ser nombrada por el Presidente Boric para asumir el cargo de Fiscal Nacional (y su posterior confirmación por el Senado), el documento ha vuelto a circular en el Parlamento llamando la atención por las denuncias de que Marta Herrera sería una continuación de la criticada administración de Jorge Abbott.
A principios de noviembre, un documento elaborado por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), puso en evidencia el descontento de los trabajadores con el nombramiento de la abogada Marta Herrera Seguel para integrar la quina de nombres, que serían propuestos por la Corte Suprema al Presidente Gabriel Boric, para la elección del cargo de Fiscal Nacional.
La selección del jefe de Estado debe ser ratificada por el Senado, algo que, como nunca antes, no ocurrió con la primera opción, el abogado José Morales. De esa forma, el mandatario presentó a Marta Herrera como su nueva candidata, lo que ha sido cuestionado por los trabajadores del Ministerio Público.
Según el comunicado, al que pudo acceder el medio Interferencia y que fue recibido por los 50 senadores, Marta Herrera sería una continuación de la criticada gestión del exfiscal Jorge Abbott, ya que la abogada fue su mano derecha durante el periodo que duró la administración, entre 2015 y 2022.
Las aprehensiones de los funcionarios del Ministerio Público
Entre los cuestionamientos que se detallan en el documento de once páginas emitido por la Anfumip, destacan que el puesto que tenía Herrera en el círculo de colaboradores del exfiscal Abbott, la hace también responsable de que la institución se encuentre “debilitada, desprestigiada y no goza de confianza de la ciudadanía por la incapacidad de asumir adecuadamente su función”.
En la misma línea, los funcionarios solicitan que la persona que llegue al máximo cargo del Ministerio Público, tenga “no sólo las capacidades técnicas, sino también cualidades humanas y un perfil de autonomía e independencia respecto de intereses políticos y económicos externos e intereses institucionales internos (…) que tenga la fuerza e independencia para liderar las transformaciones de fondo que la institución requiere”.
Malas prácticas y encubrimiento de investigaciones por acoso laboral
Asimismo, el comunicado acusa que Marta Herrera ha participado de malas prácticas basadas en la “cultura interna de amiguismos, endogamia, falta de transparencia y accountability (responsabilidad), utilizando para ello su calidad de jefa de Asesoría Jurídica, lo cual se ha perpetuado por la falta de controles institucionales”.
Lo que más recalca la Anfumip es que la abogada de la Universidad de Chile no sería lo suficientemente independiente para llegar al cargo, ya que aún mantendría los compromisos que la gestión de Abbott asumió, con autoridades regionales y directivos que se mantendrían con ella a la cabeza del Ministerio Público. En resumen, Herrera representa una perpetuación del criticado estado actual de la institución.
Sumado a lo anterior, los cuestionamientos a la exjefa de la Unidad de Asesoría Jurídica señalan que mientras mantenía aquel cargo, encubrió investigaciones administrativas por acoso laboral en la institución, cuyas consecuencias afectaron “principalmente a mujeres funcionarias y también a dirigentes gremiales”.
La razón para estas acciones estarían fundadas en los lazos de cercanía que Marta Herrera mantenía con los directivos denunciados, lo que provocó una situación de inequidad en el trato de los trabajadores. “Pese a haberse acreditado los hechos denunciados y la calidad de ellas como víctimas, quedaron impunes los agresores, quienes no fueron sancionados o bien se les impusieron sanciones irrisorias, quedando además las víctimas desprotegidas”, señaló el documento.
Ahora sólo queda esperar si el Senado considerará lo denunciado por la Anfumip. La Cámara Alta deberá ratificar el nombramiento de la actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional con 33 votos a favor, o sea dos tercios del total de sufragios.
