Diego Palomo es columnista de El Centro, abogado, Doctor en Derecho Procesal y académico de la Universidad de Talca. En este artículo, el experto analiza cómo es que la elección de un Fiscal Nacional ha desviado el foco de los problemas estructurales de la Institución. Además, expone que hace falta un cambio constitucional que permita abordar la elección de la cabeza del Ministerio Público, a través de criterios técnicos que excluyan la posibilidad de una deliberación beligerante.
La discusión sobre la elección del (la) Fiscal Nacional ha olvidado consciente o inconscientemente un punto central: los problemas estructurales de la Institución. Todo parece ser sobre él o la elegid@ y sus capacidades personales o de gestión. Al punto que pareciera haberse instalado que todo se arregla o empeora con un nombre. Mayúsculo error, como otros que cabe ir despejando.
La Fiscalía es una institución con una autonomía engañosa. De entrada, por la estructura que tiene el Ministerio Público es un organismo de persecución (no de prevención) del delito. La labor preventiva está entregada a las policías y al Ministerio del Interior. Pensar que – como lo planteó algún el senador en las consultas realizadas a la candidata Herrera en el Senado – la Fiscalía llega tarde a los delitos es confundir absolutamente el rol de la misma y demuestra una ignorancia supina en el conocimiento de la misma. La Fiscalía de Chile es una institución de PERSECUCIÓN y NO DE PREVENCIÓN.
La Fiscalía no tiene incentivos económicos para “cerrar causas” como lo plantean las redes sociales y no pocos en el espectro político, siempre anteponiendo una lectura populista. Es un error grosero. En efecto, basta con solo conocer el sistema de evaluaciones y metas del Ministerio Público para descartar pensar en este sentido. La realidad muestra que las metas apuntan a temas muy diversos, como por ejemplo la respuesta a solicitudes de víctimas y abogados, como los tiempos de atención, o la tramitación rápida y oportuna de las mismas. Un archivo provisional o un principio de oportunidad, en cambio, no es una salida bien evaluada en la Fiscalía, al contrario, es un número que perjudica. Por lo mismo, el sistema de metas no implica de forma alguna un incentivo a “cerrar causas”.
La Fiscalía tiene 771 fiscales para abordar TODO el sistema penal. Este número es insostenible e incompatible con una persecución criminal como la que se requiere en el país. Esto, sumado a que durante la vigencia del sistema procesal penal se han ido sumando nuevos tipos delictivos (corrupción entre particulares, delitos económicos, cohecho internacional, entre otros) el déficit del factor humano se subraya aún más.
Más cifras, que corroboran la necesidad de mayor dotación: El número de denuncias en el año 2021, en el total nacional, según estadísticas de la CEAD fue de 938.492 correspondiendo a los siguientes vectores, a saber: Delitos de mayor connotación social, infracción a ley de armas, incivilidades, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, abigeatos y robo frustrado.
En otro aspecto, el ruido de la verdad que se impone a gritos en las redes sociales invade también el ámbito del análisis.
Estimar que los sueldos de los fiscales, capital humano altamente calificado, son “deshorbitantes” es desconocer completamente el quehacer profesional, la responsabilidad, la capacitación y el peligro de la función misma. Se pierde de vista además que capacitar a un fiscal implicó de importantes recursos públicos y que capacitado un fiscal es un recurso que frente a mejores perspectivas (legítimas por cierto) se puede ir a buscar mejores ingresos o simplemente mayor calidad laboral. Nadie parece estar viendo el peligro de la fuga de un recurso muy calificado.
¿Hay cosas que mejorar? Sin ninguna duda, y vamos por ellas, al menos un puñado que consideramos ineludibles.
En primer lugar, urge una Fiscalía supraterritorial que investigue de manera más detallada la alta criminalidad de corrupción, económica y tráfico de drogas y armas. Es imprescindible, pero – ¡sorpresa! – ello requiere de una reforma legal.
En segundo lugar, corresponde mejorar el sistema de evaluaciones y metas para los fiscales, a fin que dichas metas sean compatibles con una mejor y mayor persecución criminal.
En tercer lugar, casi huelga apuntarlo tras la rutina que hemos visto, corresponde mejorar el sistema de elección de los Fiscales Nacionales y también Regionales, para terminar con la opacidad y, a su vez, dar mayor credibilidad a su gestión desde el inicio. Pero nuevamente, ¿qué requiere aquello? De una modificación, no legal, sino constitucional de la fórmula.
Se requiere, en cuarto orden de cosas, que la Fiscalía sea VERDADERAMENTE superior jerárquica de las policías en lo referido a la investigación. Hoy ocurre que las Policías dependen del Ministerio del Interior y de las autoridades políticas de turno, en cuanto a nombramientos y recursos, por lo tanto, la Fiscalía tiene una falsa superioridad jerárquica sobre las policías, y las labores investigativas dependen de recursos y personal que corresponde a otros servicios públicos (PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal, Servicio de Salud, Servicio de Impuestos Internos, etc).
En quinto lugar, si la sociedad considera que hay un exceso de principios de oportunidad o archivos provisionales, el poder Legislativo tiene la opción de terminar legalmente dicha salida temprana, o de limitarla aún más jurídicamente. La pregunta es: ¿Lo harán? Pues una decisión en dicho sentido terminaría por colapsar todo el sistema.
Finalmente, no podemos cerrar sin una amarga constatación y urgente llamado: el tono de la deliberación y las consultas de los senadores en la sesión convocada a propósito de la exposición de la candidata Marta Herrera fue altamente beligerante y puso en evidencia una preocupante carencia elemental de conocimientos reales sobre el funcionamiento de la Fiscalía, lo que hace aún más necesario un cambio constitucional para la elección del Fiscal Nacional, con la finalidad de dotar de criterios técnicos reales a la designación de la más alta autoridad de un ente trascendental para la democracia y la vida en sociedad.
