Jueves, Marzo 28, 2024
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[CRÓNICA] La entrampada y controversial elección del nuevo Fiscal Nacional

El Presidente Gabriel Boric propuso en primera instancia a José Morales para liderar al Ministerio Público; sin embargo la Cámara Alta, por primera vez desde entrada en vigencia la ley que regula la elección del Fiscal Nacional, votó en contra de la nominación. Marta Herrera fue la otra opción que presentó el Ejecutivo, pero el martes 20 de diciembre nuevamente los senadores votaron en contra, algo que para el gobierno representa una “disputa innecesaria”. 

El cargo de Fiscal Nacional fue creado en 1999, bajo el alero de la Ley 19.640 que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El primer abogado en ocupar aquel sitial fue Guillermo Piedrabuena, quien estuvo hasta 2007, para ser sucedido por Sabas Chahuán, cuyo periodo de gestión duró hasta 2015. El más reciente nombre que estuvo en esa posición fue el exfiscal Jorge Abbott, que tuvo un criticado cometido y su retiro (un año antes de finalizar) se dio en medio de serios cuestionamientos a su administración y a toda la institución que representaba.

En septiembre de 2022 Jorge Abbott dejó su lugar como líder del Ministerio Público. Desde aquel momento comenzó el proceso de búsqueda de su sucesor y, para principios de noviembre, la Corte Suprema ya tenía en sus manos la lista de los 17 leguleyos que en primera instancia postularon para convertirse, eventualmente, en el próximo jefe del Ministerio Público.

El procedimiento para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía de Chile consiste en que la Corte Suprema selecciona, del grupo de abogados aspirantes al cargo, a cinco candidatos. 

Posteriormente, de esa quina el Presidente de la República elige un nombre, el cual debe presentarse frente al Senado y conseguir 33 votos a favor para convertirse en el nuevo Fiscal Nacional. Aquella definición ha estado acompañada por una serie de situaciones y controversias que involucran tanto a la administración de Abbott, como a algunos de los candidatos al cargo. 

La polémica administración de Jorge Abbott

Ex fiscal Jorge Abbott – FOTO Agencia Uno.

En 2021, una encuesta interna de la Fiscalía de Chile (que se mantuvo en reserva hasta que diversos medios de comunicación la hicieron pública en julio de ese año) reveló que el liderazgo de Jorge Abbott en el Ministerio Público era considerado deficiente. Los resultados también dejaron entrever que la percepción de los funcionarios, era que la institución trabajaba por presiones políticas y de la prensa. En la misma línea, la consulta manifestó que las minorías sexuales, los pueblos originarios y los casos de violencia intrafamiliar, sufrieron discriminación en el servicio que entrega el Ministerio Público. 

Sumado a esas críticas, Abbott debió enfrentar los dardos de distintos sectores, en relación a los resultados en los casos de financiamiento ilegal de la política, como Corpesca y SQM. Así, la levedad de las penas, como libertad vigilada y “clases de ética” para Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, en el caso Penta, suscitaron las voces que señalaban que aquello se debió a acuerdos entre el ex Fiscal Nacional y ciertos grupos. 

En una entrevista que entregó a La Tercera en octubre de este año, el exfiscal dijo: “Es falso que yo comprometí o participé de un acuerdo político para beneficiar a quienes eran imputados en esas causas y, más allá de que las penas o salidas alternativas no hayan satisfecho las expectativas de algunos sectores, no es cierto que ha habido impunidad en esos casos”.

“Respecto de las clases de ética para los imputados Délano y Lavín, jamás fueron una petición del Ministerio Público, sino una condición impuesta unilateralmente por el juez de garantía para acceder al beneficio de la pena sustitutiva a la que accedieron ambos imputados”, se defendió Abbott.

Trato con la Iglesia

Pero no sólo aquellas críticas recibió el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En 2019 se conoció en los medios de comunicación que, durante las investigaciones contra sacerdotes por delitos de abuso sexual en contra de menores de edad, y mientras todas las aristas de las indagaciones apuntaban hacia el encubrimiento de las denuncias por parte de las máximas autoridades de la Iglesia Católica en Chile (en ese momento Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati); el exfiscal Abbott firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) para, entre otras cosas, mantener informada a la organización religiosa del curso de las diligencias investigativas en contra de miembros de la Iglesia. Aquel tratado también tuvo la rúbrica de otra persona cuestionada por la administración de Abbott: la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía de Chile, Marta Herrera Seguel.

La señal para la opinión pública fue negativa, por lo que grupos de víctimas de abusos de la Iglesia, expresaron su descontento con aquel acuerdo. En ese tiempo, James Hamilton, uno de los denunciantes de Fernando Karadima, escribió en su cuenta de Twitter: “Este acuerdo es un gran error ético y legal de la Fiscalía, ya que acuerdan tácitamente algo que justamente es el punto a investigar; el encubrimiento y falta de transparencia”. Y aunque aquella resolución quedó eventualmente sin efecto, las causas por las que estaban siendo investigados Francisco Errázuriz y Ricardo Ezzati (encubrimiento de delitos de connotación sexual), no lograron ninguna condena.

Abbott dejó el cargo por límite de edad, aunque admite errores

En medio de las numerosas críticas que recibió su administración, el leguleyo anunció que dejaría el cargo de Fiscal Nacional a fines de septiembre de 2022, debido a que el 1 de octubre estaba de cumpleaños. El motivo fue que cumpliría 75 años, la edad límite para ostentar aquella posición, definida por la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. De esta forma, el fiscal Juan Agustín Melendez (Fiscal Regional de Los Ríos) asumió como suplente por criterio de antigüedad, hasta que el proceso (que inicia la Corte Suprema) culmine cuando el Senado elija al sucesor de Abbott. 

Durante su despedida, el exfiscal regional de Valparaíso, dijo a los medios de comunicación: “Probablemente cometimos algunos errores que, en definitiva, nunca tuvieron ningún propósito ni de perjudicar a la institución ni a nadie. Pero en definitiva creo que el balance es positivo”. 

En la misma línea, el abogado asumió su responsabilidad en los cuestionamientos a la institución y su gestión, sobre lo que señaló: “Un error que yo reconozco fue un convenio que suscribí con la Conferencia Episcopal y que tuve que dejar sin efecto el día siguiente. Realmente creo que hicimos una mala evaluación de un convenio que nos parecía que era importante porque iba a permitir que las víctimas de la Iglesia iban a tener más confianza de recurrir al Ministerio Público, pero esto apareció como una señal muy equívoca”.

La Corte Suprema eligió

El procedimiento para la elección de un nuevo Fiscal Nacional incluye a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A través de la Corte Suprema, el 07 de noviembre de 2022 comenzó la carrera para definir al próximo jefe de los persecutores penales.

En una audiencia pública de presentación de los postulantes, el pleno del máximo tribunal del país escuchó a 17 candidatos exponer sus principales lineamientos y propuestas en materia de justicia para los próximos ocho años, en espacios de 10 minutos cada uno. 

Los abogados que intentaron llegar al puesto más alto del Ministerio Público, en primera instancia (por orden alfabético) fueron: Emiliano Arias Madariaga, Eugenio Campos Lucero, Esteban Celis Vilchez, Karinna Fernández Neira, Marta Herrera Seguel, Erika Maira Bravo, Nayalet Mansilla Donoso, Juan Meléndez Duplaquet, José Morales Opazo, Patricia Muñoz García, Carlos Palma Guerra, Ivan Pavlov Peric, Ricardo Peña Fighetti, Rodrigo Ríos Álvarez, Nelly Salvo Ilabel, y Ángel Valencia Vásquez.

Tras la votación de la Corte Suprema, la ministra vocera del tribunal Ángela Vivanco, entregó al Presidente Boric la quina que eligió el máximo tribunal del país. Los nombres que integraron aquella lista fueron: el fiscal centro norte, José Morales Opazo; el defensor Ángel Valencia Vásquez; la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera Seguel; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra; y el jurista Rodrigo Ríos Álvarez.

La decisión de Boric

Presidente Gabriel Boric – Foto Aton.

Desde el gobierno, Antonia Orellana (Ministra de la Mujer y Equidad de Género) y Ana Lya Uriarte (Ministra de la SEGPRES) manifestaron públicamente su deseo que el próximo Fiscal Nacional sea una mujer. El Presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo un plazo de 10 días para elegir a uno de los cinco candidatos que seleccionó la Corte Suprema, según lo indicado por la Ley 16.640. Posteriormente, en el mismo lapso, ese nombre debería exponer frente al Senado, ente que ratifica aquel nombramiento, con un consenso de dos tercios.

En el transcurso de esos días, el mandatario participó en la Cumbre APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico) 2022 que se realizó en Tailandia, entre el 14 y el 19 de noviembre. De vuelta en el país, el Gobierno hizo pública la decisión de Boric: el abogado de la Universidad Central y fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, José Morales. 

El Senado rechaza (Parte 1)

Santiago, 28 noviembre 2022. El candidato a Fiscal Nacional Jose Morales expone en el Ex Congreso nacional. Marcelo Hernandez/Aton Chile.

En primera instancia, la Comisión de Constitución del Senado dio el visto bueno a José Morales, con tres votos a favor y uno en contra. De esa forma el nombre avanzó a la discusión en la Sala.

El 30 de noviembre, tras una intenso debate que se extendió por más de dos horas, la Sala la Cámara Alta rechazó por 31 votos favor, 6 en contra y 8 abstenciones, la opción del Presidente, que proponía al abogado José Morales, para asumir la jefatura del Ministerio Público, por los próximos ocho años.

De esta manera y al no conseguir un respaldo de dos tercios del total de parlamentarios (33 votos), la Corte Suprema debió elaborar una nueva quina, para que el Ejecutivo escogiera un nuevo candidato que en segunda instancia se sometiera a las interrogantes del Senado. 

Entre las razones que se escucharon en la sesión, que rechazó a Morales, se encuentran las aprensiones de algunos representantes, respecto a sus capacidades en materia de persecución del crimen organizado, corrupción u otros delitos. Muchas de estas críticas tuvieron que ver con un reportaje de Ciper Chile, (Centro de Investigación Periodística) que vinculaba personal y profesionalmente al leguleyo con un testigo clave del “Caso Basura”,

Paradójicamente, José Morales era un candidato apoyado por la derecha, sobre todo por su cercanía con el círculo político de Sebastián Piñera, según informó en su momento El Mostrador. La información correspondía a que el jurista asesoró tanto al ex ministro Andrés Chadwick y al propio Piñera en las eventuales responsabilidades que tendrían en violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el denominado estallido social.

¿Derrota del Gobierno?

El Presidente Boric dijo en ese momento que la decisión del Senado no representaba un contratiempo para el Gobierno. “No es una derrota ni una división de la coalición. Es parte del funcionamiento de las instituciones”, indicó el mandatario, agregando además que lo más importante para él, era “cómo fortalecemos la persecución penal en Chile y cómo fortalecemos el rol de la Fiscalía Nacional“.

Sobre sus expectativas, el jefe de Estado señaló: “Espero que lo que se tenga en primera línea sea cómo fortalecemos la persecución del delito en Chile, que es lo que le importa a los chilenos y chilenas, y no los resquemores de entre partidos, ni las apreciaciones de una persona en particular”.

Una nueva quina

Angela Vivanco Vocera Corte Suprema – Foto ATON.

El balón nuevamente estaba en los pies de la Corte Suprema, que elaboró una nueva quina, agregando dos nombres más en reemplazo del rechazado José Morales, y el abogado Rodrigo Ríos, quien renunció a la nominación motivado por una “grave enfermedad” que afecta a su hijo de nueve años. 

De esa forma, el pleno de ministros del máximo tribunal nacional votó y escogió a Nayalet Mansilla (con 10 votos) y Juan Agustín Meléndez (9 votos) para sumarse a Marta Herrera, Ángel Valencia y Carlos Palma.

En relación a eso, la ministra de la Corte Suprema, agregó: “La quina se ha conformado con la mejor voluntad, la anterior y esta también, puede que no sea perfecta, pero son todas personas que tienen una carrera, un aporte, varios han estado participando del Ministerio Público, son personas serias y que ofrecen hacerse cargo de un organismo que es especialmente relevante para el país”, afirmó la vocera de la Corte, Ángela Vivanco.

Cuestionamientos a Marta Herrera

Desde la presentación de la segunda lista de cinco nombres que entregó la Corte Suprema al Presidente de la República, pasaron los diez días y el Ejecutivo hizo público el nuevo nombre: La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera Seguel.

Frente a la nominación de la abogada, de inmediato surgieron voces de senadores que se opusieron, apoyados por un documento que emitió la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), que puso en evidencia el descontento de los trabajadores de la institución con el nombramiento de la abogada Marta Herrera Seguel. 

Entre los cuestionamientos detallados en el informe de 11 páginas, destacan que el puesto que tenía Marta Herrera en el círculo de colaboradores del ex Fiscal Nacional Jorge Abbott, la hace también responsable de que la institución se encuentre “debilitada, desprestigiada y no goza de confianza de la ciudadanía por la incapacidad de asumir adecuadamente su función”.

En la misma línea, los funcionarios expresaron sus deseos de que la persona que llegue al máximo cargo del Ministerio Público, tuviera “no sólo las capacidades técnicas, sino también cualidades humanas y un perfil de autonomía e independencia respecto de intereses políticos y económicos externos e intereses institucionales internos (…) que tenga la fuerza e independencia para liderar las transformaciones de fondo que la institución requiere”, sentencia.

Anfumip acusó a Herrera de malas prácticas

Asimismo, el comunicado acusó que Marta Herrera incurrió en malas prácticas, basadas en la “cultura interna de amiguismos, endogamia, falta de transparencia y accountability (responsabilidad), utilizando para ello su calidad de jefa de Asesoría Jurídica, lo cual se ha perpetuado por la falta de controles institucionales”.

Lo que más recalcó la Anfumip fue que la abogada de la Universidad de Chile no era lo suficientemente independiente para llegar al cargo, ya que aún mantendría los compromisos que la gestión de Abbott asumió, con autoridades regionales y directivos que seguirán con ella a la cabeza del Ministerio Público. En resumen, para el gremio Herrera representa una perpetuación del criticado estado actual de la institución.

Sumado a lo anterior, los cuestionamientos señalaban que mientras mantenía el cargo de jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, encubrió investigaciones administrativas por acoso laboral en la institución, cuyas consecuencias afectaron “principalmente a mujeres funcionarias y también a dirigentes gremiales”.

La razón para estas acciones, explicaba el documento de la Anfumip, estarían fundadas en los lazos de cercanía que Marta Herrera mantenía con los directivos denunciados, lo que provocó una situación de inequidad en el trato de los trabajadores. “Pese a haberse acreditado los hechos denunciados y la calidad de ellas como víctimas, quedaron impunes los agresores, quienes no fueron sancionados o bien se les impusieron sanciones irrisorias, quedando además las víctimas desprotegidas”, señaló el documento.

El Senado rechaza (Parte 2)

A las 11 de la mañana del 19 de diciembre, la Sala del Senado se reunió para sesionar sobre la votación por la postulación de la jurista de la Universidad de Chile, Marta Herrera Seguel, para el cargo de Fiscal Nacional. Lo anterior, tras el rechazo de José Morales, la primera carta presentada por el Presidente de la República. 

En la sesión, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Paulina Ríos, expuso las razones para la selección de Herrera Seguel por parte del Gobierno. Asimismo, la actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción habló sobre el proyecto y sus planes para el Ministerio Público en los próximos ocho años, tiempo que duraría en el cargo.

Tras exponer, la abogada entregó escuetas declaraciones a los medios de comunicación, pero aseguró que se encontraba conforme con su presentación ante la ante la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Sin embargo, lo que escuchó el Senado no los convenció, porque con 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, Marta Herrera fue rechazada y no podrá convertirse en la máxima autoridad del Ministerio Público. 

Ante este nuevo revés, el Presidente Boric dijo: “Por segunda vez consecutiva, el Senado ha decidido rechazar la propuesta de Fiscal Nacional que hemos hecho. Después del proceso que llevara adelante la Corte Suprema, hubo bancadas completas que anunciaron su voto en contra a la propuesta que hiciera antes de la presentación de la candidata a Fiscal Nacional”.

Las declaraciones de Marta Herrera

Segunda candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera – Foto Agencia UNO.

Al no conseguir el apoyo de suficientes senadores para ser la próxima Fiscal Nacional, Marta Herrera entregó sus descargos en conversación con Tele13 Radio: “No tenía esperanza en que el Senado no se atreviera a rechazar a una mujer. Yo creo que jamás tomé el tema de mi condición de mujer y porque, más allá de un reconocimiento de todo el movimiento, para mi era súper importante que el reconocimiento fuera a mi trayectoria, a mis competencias técnicas, a mi currículum, a mi exposición”.

De la misma forma expresó su satisfacción por haber participado en el proceso. “Da un gusto tremendo solo haberlo intentado y luego los mensajes que uno recibe, de muchas mujeres sobre todo, diciéndome que se sintieron muy orgullosas de la representación”, enfatizó la jurista.

Con respecto a las críticas que recibió, Marta Herrera se quejó de que nunca se habló de la labor que realizó en el Ministerio Púbico. “A mi nunca se me preguntó respecto de lo principal en mis últimos 15 años, que ha sido dirigir la Unidad Anticorrupción. Se me pregunta por un convenio con la Iglesia Católica donde yo tuve una participación absolutamente mínima, y de hecho posterior a la firma del convenio, y que claramente está que yo no tengo nada que ver con el área de delitos sexuales. Y no hablamos de los temas que yo realmente pensaba que íbamos a hablar”, expresó. 

En relación a la oposición férrea de ciertos sectores, afirmó: “A mi me parece que el senador Moreira (…) haga la vocería de la bancada de la UDI y simplemente anticipando que me van a rechazar y como colectivo, que es el término utilizado, sin siquiera escucharme. Creo que esas cosas son únicamente dañinas para las instituciones, en este caso creo que es más dañino para el Senado todas estas cuestiones que se produjeron, pero sin duda terminan provocando un daño a la fiscalía y terminan provocando un daño al país”.

¿La tercera es la vencida?

Tras el rechazo del Senado a Marta Herrera, la Corte Suprema tuvo cinco días para definir una nueva quina para entregársela al Presidente.

Respecto al procedimiento de designación, Vivanco explicó a los medios de comunicación que, además de lo que establece la Constitución, el proceso es regulado por la Ley 19,640 del Ministerio Público y esa serie de artículos establecen la posibilidad de llevar a cabo un nuevo concurso. Específicamente, la norma dice que si un postulante fuese rechazado, “corresponde que la Corte Suprema complete la quina o que se efectúe un nuevo concurso de ser ello necesario”. 

La elección del nuevo Fiscal Nacional ha estado marcada por polémicas y una serie de situaciones que han alargado el proceso, algo que no había ocurrido antes en los más de 20 años de existencia del cargo. Se podría decir que, no existe un lineamiento entre los tres poderes del Estado, lo que ha dificultado la llegada de un nuevo líder para el Ministerio Público.

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