La entidad fiscalizadora superior de Chile acusa a Cristina Bravo de haber cobrado servicios a la Municipalidad de Curicó sin respaldo de su realización, esto mientras era miembro del CORE y candidata a la gobernación regional. No obstante, la funcionaria pública afirmó que “no ha sido notificada”.
La gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, deberá devolver dineros a la Municipalidad de Curicó, debido a no respaldar trabajos realizados en condición de trabajadora social entre 2018 y 2021. Así lo comunicó la Contraloría General de la República a través de un documento legal que emitió Radio ADN.
Asimismo, se precisó que los pagos respectivos se concretaron mientras cumplía funciones como miembro del CORE y hacía campaña para el puesto de Gobernadora, que ocupa hoy en día.
¿Qué dice Contraloría?
La orden del ente controlador especifica que “durante el año 2018, se pagaron a la señora Bravo Castro los honorarios pactados en los distintos convenios celebrados durante la misma anualidad, sin que conste, en los mencionados antecedentes acompañados, la efectiva prestación de los servicios contratados”.
Siguiendo la misma línea, el documento afirma que los primeros meses de 2018, las bitácoras comprenden las primeras dos semanas de cada mes.
“En febrero y marzo de 2018, las bitácoras comprenden los primeros 14 días de cada mes, en tanto que, desde abril a noviembre del mismo año, únicamente se aprecia un certificado del administrador municipal que da cuenta ‘que los servicios o productos fueron recepcionados de manera conforme y entera satisfacción’, documento que resulta insuficiente para tal fin”.
El problema persiste en 2019 y 2020
Lo mismo sucede en 2019. La Contraloría aseguró que las irregularidades se mantuvieron, apuntando que “en los meses de enero y febrero solo consta el aludido certificado del administrador municipal, mientras que, en marzo, abril, junio y julio del mismo año, se aporta una bitácora sin la firma de la prestadora ni la visación del administrador, todo lo cual constituye un incumplimiento de los requisitos previstos en el propio contrato”.
En base a los documentos entregados por la municipalidad de Curicó, Contraloría asegura que “en febrero la bitácora se refiere a 4 días del mes, sin contener firmas ni visación; en marzo solo a 18 días; en mayo no existe ningún documento de respaldo; en septiembre la bitácora se encuentra visada por 16 días; en septiembre y octubre la bitácora carece de nombre, firmas y visación, y en este último mes solo comprende 15 días; en noviembre no hay ningún respaldo; y en diciembre la bitácora comienza el día 11, careciendo de firmas y visaciones”.
Además “todo lo cual importa contravenir la cláusula quinta del convenio a honorarios celebrado por las partes el 24 de enero de 2020″.
En 2021, la entidad reportó que “en enero la bitácora no está firmada ni visada, en tanto que en abril la bitácora solo abarca hasta el día 19, lo cual constituye una infracción de la cláusula quinta del convenio a honorarios celebrado por las partes el 4 de enero de 2021”
Importes pagados de manera inapropiada
Finalmente, el documento estipula que “no se ha acreditado la completa y efectiva prestación de los servicios contratados y pagados en cada una de las mensualidades antes señaladas, corresponde que la Municipalidad de Curicó revise tal situación y, en su caso, efectúe el cálculo de los montos pagados de manera improcedente y disponga el reintegro de los mismos por parte de la nombrada servidora”.
¿Qué respondió la Gobernadora?
“Yo no he sido notificada formalmente. Sin perjuicio de lo cual hago presente, que todo el periodo en el cual me desempeñe a honorarios en la Municipalidad de Curicó, siempre entregué los respaldos pertinentes en tiempo y forma del trabajo realizado a la administración municipal”.
La Contraloría obliga al municipio a informar las medidas adoptadas dentro de un plazo que no exceda del 31 de marzo de 2023.
Para leer el documento emitido por la Contraloría de la República, haz click aquí.
